El gobierno autorizará una medida interesante junto con los PGE 2013, permitir la actualización de balances a las empresas y autónomos. Lo hizó el pasado 27 de Septiembre con un Proyecto de Ley de Medidas Tributarias.
Esta medida que ya se ha aplicado en anteriores situaciones de crisis en España, la última en 1996, permitió a las empresas actualizar el valor de sus activos materiales (edificios, solares, maquinaria, etc) y leasings al valor real, mejorando así sus balances.
De entrada es una medida voluntaria, que permite aplicando unos coeficientes publicados por el Gobierno aumentar el valor de nuestros activos materiales conforme ha ido evolucionando el IPC desde el año en que se adquirió el bien. Se ha de aplicar a todos los activos materiales.
Pongamos por caso que tenemos una pequeña nave, local o solar con un valor de compra de 200.000 € adquirida en el año 2001. Pues bien si resultase aplicable un coeficiente de 1,5, resultaría un valor actualizado de 300.000 € y aunque tambiéna actualizaríamos la amortización acumulada (pongamos que equivalente a un 20% del valor del bien) ganaríamos un valor de +80.000 € en nuestro balance.
¿Que beneficio supone para la empresa?
El beneficio es doble, por un lado se mejoran los balances (la sociedad aumenta su valor teórico) y se facilita el acceso al crédito bancario (siempre que los bancos tengan líquidez para que fluyan los créditos...cosa que no pasa desde hace varios años)., y por otro al aumentar de valor la empresa tendrá más gasto que desgravarse en los próximos años. En definitiva, si permite que nuestras maltrechas empresas fortalezcan sus balances y esto ayuda a obtener más crédito, quizás les sería posible reiniciar el camino de la inversión en I+D y salida al exterior, lo que comportaría la contratación de nuevos empleados.
¿Que beneficio supone para el Estado?
Esto lógicamente NO ES GRATIS para las empresas, que tendrán que pagar un 5% de Peaje . El gobierno ha anunciado que espera recaudar unos 300 millones de euros con esta medida.
¿Hay Riesgos?
Por supuesto, pongamos el caso de que la empresa no llega nunca más a tener beneficios y se ve forzada al cierre, habrá pagado un 5% sobre su revalorización de activos para nada.
También podemos encontrarnos que el Gobierno limite en el futuro las deducciones por amortizaciones como ya ha aprobado para los 2 próximos años a las grandes empresas, por lo que el benficio fiscal de pagar impuestos por adelantado sea menor.
Y por supuesto nadie asegura que los bancos tengan pronto líquidez para prestar dinero a las empresas.
Por cierto ¿Que pasará con los inmuebles comprados en el boom inmobiliario 2006-207 y 2008 que su valor en balances sin actualizar ya es mayor del de mercado actual? Esperaremos a que se apruebe y publique el Reglamento y lo veremos.
