La Comisión Europea (CE) ha instado hoy a España a enmendar las normas de su legislación fiscal que obligan a las personas y entidades no residentes en el país a designar a un Representante Fiscal en territorio español, por considerar la norma desproporcionada y en contra del principio de libre circulación de mercancías y servicios. Esto lógicamente perjudica a las empresas.
España tiene 2 meses para contestar el dictamen y modificar sus leyes, en caso contrario la CE planteará un contencioso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Los europeos no residentes que cobran pensiones del INSS , así como los que reciben donaciones o herencias en España, también deben designar Representante Fiscal.